El fiscal general de Brasil, Roberto Gurgel, transfirió a un tribunal de primera instancia en el estado de Minas Gerais, acusaciones contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva que lo involucran en el mayor escándalo de corrupción que ha sacudido al país, conocido como “Mensalao”.
Tras años de investigaciones, en diciembre del año pasado el Tribunal Supremo brasileño sentenció a penas de cárcel a 22 políticos y empresarios, incluidas prominentes figuras del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), entre ellas a José Dirceu, exjefe de gabinete de Lula y considerado su mano derecha durante el primer mandato (2003-2007).
Lula fue excluido originalmente del proceso judicial tras haber afirmado que desconocía la existencia de la red, que sobornaba con dinero a diputados para que dieran su voto en el Congreso a favor del gobierno del PT y también utilizaba fondos públicos para financiar campañas electorales.
Pero una vez que fue condenado a cumplir 40 años de cárcel, uno de los encausados en el escándalo, el publicista Marcos Valerio Fernandes, confesó al fiscal general haber transferido dinero a Lula, por medio de un asesor, como parte de esos sobornos.
La decisión de Gurgel deja a consideración de la fiscalía de Minas Gerais, donde aún queda abierto un proceso relacionado con el caso, si decide investigar por corrupción al expresidente, quien ya no cuenta con inmunidad, o por el contrario no da curso a la acusación.
Tras años de investigaciones, en diciembre del año pasado el Tribunal Supremo brasileño sentenció a penas de cárcel a 22 políticos y empresarios, incluidas prominentes figuras del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), entre ellas a José Dirceu, exjefe de gabinete de Lula y considerado su mano derecha durante el primer mandato (2003-2007).
Lula fue excluido originalmente del proceso judicial tras haber afirmado que desconocía la existencia de la red, que sobornaba con dinero a diputados para que dieran su voto en el Congreso a favor del gobierno del PT y también utilizaba fondos públicos para financiar campañas electorales.
Pero una vez que fue condenado a cumplir 40 años de cárcel, uno de los encausados en el escándalo, el publicista Marcos Valerio Fernandes, confesó al fiscal general haber transferido dinero a Lula, por medio de un asesor, como parte de esos sobornos.
La decisión de Gurgel deja a consideración de la fiscalía de Minas Gerais, donde aún queda abierto un proceso relacionado con el caso, si decide investigar por corrupción al expresidente, quien ya no cuenta con inmunidad, o por el contrario no da curso a la acusación.
